El 8 de abril se llevó a cabo en el Colegio de San Luis, la conferencia Extractivismo minero y democracias comunitarias en el Salar de Atacama, Chile que impartieron los investigadores Jorge Vergara Castro y Jorge Rowlands de la Fundación Diálogos para la Naturaleza.

Dicho evento lo organizó el Doctorado en Ciencias Sociales y la Maestría en Gestión Sustentable del Agua del COLSAN  en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes invitaron a los expositores sudamericanos para presentar a partir de dos investigaciones en Chile -en  Salar de Acatama –  y en Colombia -en Rio Rancherías- los contradictorios procesos de cambio social forzado, que experimentan las poblaciones en esos territorios, producto de la política neoliberal  que profundiza dinámicas orientadas a la acumulación, bajo un esquema extractivista, dominado por grandes corporaciones que operan con un marco legal que les es favorable.

El estudio exploratorio y cualitativo hace hincapié, en la muestra de los investigadores, en las transformaciones agrarias, de desplazamientos ambientales, desposesión y de conflictos hídricos que han emergido en las últimas décadas entre localidades históricamente agrícolas y grandes empresas mineras.

Puntualizaron que la minería utiliza, en su proceso productivo volúmenes importantes de agua, con lo cual, el incremento de su explotación, ha implicado dinámicas de conflicto regional, entre grandes empresas y actores locales por su control, uso, almacenamiento y la contaminación que producen en los ecosistemas.

Recordaron qué, en América Latina, estas políticas han implicado la intensificación de las explotaciones de recursos naturales e hídricos entrando en disputa con los actores locales que corresponden a comunidades campesinas y de agricultura familiar.

Se dijo durante el evento académico que estas comunidades reivindican, en sus luchas -con mayor o menor fuerza- una identidad étnica, defendiendo y resguardo los ecosistemas que permitan la reproducción de la vida en condiciones óptimas, desarrollándose múltiples contradicciones insoslayables entre la explotación intensiva de recursos naturales y los derechos ancestrales de los pobladores de la región.

Todo ello frente a instituciones gubernamentales “indolentes, precarias, en constante repliegue y con instrumentos legales laxos e imprecisos”, sin posibilidades de detener la expansión extractiva hacia nuevos territorios, llevando con ello, graves consecuencias económicas, ecológicas, sociales y políticas sobre los territorios y sus pobladores.